El gobierno presentó un proyecto de ley para combatir la siniestralidad en el tránsito, en cuyo texto incorpora una licencia de conducir por puntos, elementos de seguridad en los vehículos y un registro de poseedores e infractores.
Según informa El País, para Fernando Longo, dirigir la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) implica enfrentar un contador que no para de girar y dice que en los últimos dos años las muertes en siniestros aumentaron, alejando ampliamente a nuestro país del objetivo del decenio que fijó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se suponía que en 2018 no debían fallecer más de 335 personas, pero fueron 526. Con respecto al año anterior, las muertes aumentaron 13,9%.
En lo que va de 2019, 42 vidas se perdieron en el tránsito. Según el director de la Unasev, la gran mayoría eran evitables. Tiempo atrás, la OMS identificó cinco pilares en torno a los cuales deben realizarse acciones, y en 2010 nuestro país se comprometió a llevarlas a cabo. Se fijó como meta trabajar en la seguridad de los vehículos, en la gestión de la red vial, la educación de la población, en una correcta fiscalización y una buena respuesta tras los siniestros. Sin embargo, Longo reconoce que todavía falta mejorar en todas estas áreas.
Desde 2007 hubo tres leyes de tránsito y seguridad vial, pero la política nacional sigue estando fragmentada debido a las diferencias en las normas, controles y la forma de fiscalizar que mantienen los 19 gobiernos departamentales. Para Arturo Borges, el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), que lleva un cuarto de siglo investigando las trampas del asfalto, esta autonomía municipal es la raíz del problema. Opina que la Unasev debería ampliar su competencia a un rol ejecutor, con potestad para controlar y fiscalizar. Longo está de acuerdo. "Pero para eso se requiere un consenso político amplio, pues se alega que se viola la autonomía de las intendencias", explica.
En un intento de unificar criterios, para fijar las mismas medidas para los mismos problemas, y modernizar la normativa en un tránsito que cambia velozmente, en octubre pasado Unasev, a través de Presidencia, presentó el proyecto de una nueva ley de tránsito y seguridad vial. Un mes después, comenzó a tratarse en la comisión de transporte del Senado. Longo prevé -desea- que el proceso sea rápido, ya que algunas exigencias de seguridad en los vehículos deberían empezar a regir desde el próximo 1° de enero. Pero, según relata el senador Germán Coutinho, la comisión tuvo "algunas audiencias y también informes sobre fin de año. No mucho más".
Este proyecto, que cuenta con el respaldo del Congreso de Intendentes y del sector comercial, propone normas específicas para la circulación de ciclistas, motociclistas y peatones; incorpora 12 elementos de seguridad para los vehículos 0 km; un sistema de permiso único nacional para conducir por puntos; establece una clasificación de sanciones y prevé acciones para evitar la impunidad ante la comisión de algunas infracciones; crea un registro de poseedores de vehículos y también de infractores.
La nueva ley quiere cambiar la pisada, pero algunos especialistas consideran que tal y como está es inocua, porque mantiene la posibilidad de que cada departamento "maneje disposiciones complementarias o no previstas" mientras que no sean contradictorias con el texto. Se teme que esta sea otra tanda más de leyes de tránsito que se crean y casi nadie cumple. Porque mientras el contador de muertes sigue girando, hay graves obligaciones que se ignoran.
Si bien desde 2009 la Unasev, los ministerios de Salud y Economía, y la Cámara de Emergencias Médicas firmaron un acuerdo para que las unidades de emergencia móviles privadas asistan a las víctimas en la vía pública en todo el país, ninguna está obligada a actuar en las carreteras. En 2018, 48% fallecieron en una ruta. "Todo el mundo sabe que si choca en la Ruta 5 entre Paso de los Toros y Tacuarembó, está en problemas. Aumentaron los accidentes de mayor impacto con más muertes en rutas. Hay que exigir una asistencia a nivel nacional", dice César García, responsable del área de tránsito del Congreso de Intendentes.
El proyecto propone crear un sistema nacional de trauma y emergencia que, organizando los recursos que existen en las 43 emergencias móviles públicas y privadas, protocolice un sistema rápido de asistencia al siniestrado, que le brinde primeros auxilios en el lugar y luego, coordinando con una central, sea trasladado al centro de salud más cercano que esté preparado para tratar su trauma.
Según estudios internacionales que cita Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) esto podría salvar el 30% de las vidas. Sin embargo, dice que el MSP nunca hizo comentarios acerca del proyecto, aun cuando se aprobaron dos leyes que resultan complementarias a esta iniciativa, como la de urgencia y emergencia -cualquiera puede atenderse en una urgencia a pesar de no ser socio- y la que crea centros de referencia para el tratamiento de distintas enfermedades.
