MONTEVIDEO (Uypress) - En el periódico Nación, que publica la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (CAOFA), bajo el título "La Baja Calidad de la Justicia", se pide "encauzar" al Poder Judicial, al que describen como "endeble, desviado y que funciona mal". La publicación referida se pregunta: "¿A quién le corresponde solucionarlo?" y "¿Cómo se protege a la población de los fiscales y jueces prevaricadores y los que anteponen lo político a lo jurídico?" antes de desarrollar el editorial que publicamos íntegro a continuación:

Peligrosa desidia, La Baja Calidad de la Justicia

Los problemas que presentan el sistema y las actuaciones de la Justicia amenazan seriamente la estabilidad y la necesaria confianza que la sociedad debe tener en sus instituciones. La buena salud de la República se funda no solamente en el equilibrio de los poderes que la constituyen, sino también en el buen funcionamiento de cada uno de ellos. Es una muy extendida y peligrosa candidez eso de creer que por el mero hecho de no pisarse entre sí los poderes, la República ya funciona bien. De los muchos cuentos con que se nos arrulla a los ciudadanos desde algunos sectores recalcitrantes de la política y de la opinión, el que tiene más recibo es precisamente este de hacernos creer que nuestro sistema de Derecho es ejemplar solo porque en teoría rige el mutuo control de los poderes.

La realidad es muy otra y realmente grave: uno de los poderes, la Justicia, está resbalando, tropezando y cayendo con harta frecuencia. Las garantías de los ciudadanos, el imperio de la ley, la tutela de los derechos y el cumplimiento del deber que es propio de la naturaleza de las funciones de la Justicia están seriamente afectadas por una mezcla perversa de incapacidad, desorientación, ineficiencia, manejo espurio, marco procesal inadecuado y conductas por lo menos que sospechosas de varios actores. No podemos hablar de Estado de Derecho cuando uno de los poderes tambalea en sus propios cimientos debido a que no está obedeciendo los mandatos que claramente establece la Constitución de sancionar los delitos y salvaguardar los derechos, los valores y la propiedad de las personas. La Justicia no está bien y en su malestar arrastra y rebaja al resto de la República, que termina resultando impotente para cumplir con sus deberes esenciales en razón de la falta de congruencia, de razonabilidad en sus decisiones y de apego a los principios que desde siempre rigen la Nación.

De resultas, tenemos una muy baja calidad de convivencia y de confianza en las instituciones aunque muchas de las instituciones funcionen bien porque es tan grande y tan fuerte el borrón que representa la Justicia que es imposible que las consecuencias de su accionar quede acotado al encierro polvoriento de los expedientes que se agolpan en los estrados y termina por impactar en la tranquilidad del ciudadano y en la buena salud general del sistema que define la existencia republicana. Cualquiera que se interese por este tema no tiene más que seguir de cerca algunas actuaciones para entender que la conjunción de lo extraviado en las normas procesales con lo también desatinado en las actuaciones de muchos fiscales y jueces da como producto un espantajo que a la larga genera la fatal pérdida de confianza que es preámbulo siempre de distensiones y extremos cuyas consecuencias costará mucho reparar.

Gracias a su curioso sistema de Justicia el Uruguay ocupa el podio mundial al premiar con la libertad a quienes pretendieron enviar cerca de cinco toneladas de droga a Europa: se encontró el embarque, se capturaron personas, se investigaron pistas, se siguieron rastros y el resultado fue que nadie absolutamente nadie paga por semejante delito sin que a nadie le duela o lo desvele. Estas circunstancias críticas que estamos atravesando junto al resto del mundo deberían impactar de algún modo en el cambio de los reflejos políticos; no puede ser que todo siga igual de horrible y no se avizore una salida digna y responsable para este tipo de situaciones que se multiplican en distintos órdenes. Algo hay que hacer; por lo pronto revisar y reescribir el Código de Procesamiento Penal, dejar de obedecer pasivamente los modelos importados, y reconocer que se necesita operar con velocidad y eficacia ante el vasto volumen y la naturaleza cada vez más bélica que están cobrando los delitos en estos últimos años.

Con la misma determinación, hay revisar prolijamente los modos en los que se conducen ciertos jueces y fiscales. No parece que en todos los casos se manejen pensando en el bien superior que deben tutelar. Los dirigentes que crean que este problema puede esperar se equivocan. Con o sin pandemia el sistema es endeble, está desviado, funciona mal y debe ser encauzado a riesgo de generar cada vez más males mayores. La situación es de alarma y reclama entereza para afrontarla.

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