Las mujeres latinoamericanas serán afectadas de forma desproporcional por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados de niños, personas con discapacidad y adultos mayores producto de la pandemia. Alertó el documento conjunto Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19, elaborado por la Comisión Económica Para América latina y el Caribe (Cepal) y ONU-Mujeres. Tanto Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, como María Noel Vaeza, directora regional de la ONU Mujeres, llamaron a los gobiernos de la región a colocar los cuidados en el centro de sus respuestas a la pandemia del coronavirus. Esto es que los paquetes de incentivos y recuperación, promuevan sistemas integrales que aseguren el acceso al cuidado a las personas que lo requieren y garantizando los derechos de las personas que los brindan. Ambas funcionarias recalcaron que los sistemas integrales de cuidados pueden convertirse en un "verdadero motor de la recuperación socioeconómica regional que no deje a nadie atrás". Bárcena expuso que "la economía del cuidado es clave para una recuperación económica sostenible y se requerirá un pacto fiscal con foco en las mujeres para orientar recursos a la inversión, la creación de empleo y la inclusión digital y financiera". Tras detallar el impacto económico y social de la pandemia, Bárcena apuntó que "la tasa de pobreza de las mujeres aumentaría a 37,4%, lo que equivale a una variación del 22% con respecto a 2019" lo que implica que "alrededor de 118 millones de mujeres de la región pasarán a vivir en situación de pobreza". La tasa de desocupación femenina alcanzará una tasa de 15,2%, con un aumento de casi 6 puntos en comparación a 2019. El documento observó que previo a la pandemia la transición demográfica por el proceso de envejecimiento en la región, donde Cuba, Argentina, Chile y Uruguay se ubican en fase avanzada. Añadió que "la sobrecarga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres es un obstáculo para el logro de su autonomía" detallando que "en la región, las mujeres dedican más del triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres". La sobrecarga de trabajo no remunerado afecta especialmente a las mujeres en hogares pobres. En promedio, las mujeres del primer quintil de ingresos dedican 39% más tiempo al trabajo no remunerado que las mujeres del quinto quintil. Según detalla el documento, la sobrecarga de trabajo femenino se ha visto agravada por la creciente demanda de cuidados y la reduccio?n de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas. Para que no quede lugar a dudas, el informe precisó que se habla sobre al sector de cuidados: Es reconocer, para lo cual urge visibilizar y revalorizar el trabajo de cuidados, el cual es clave para el bienestar de las sociedades y el funcionamiento de la economía. Redistribuir de manera más justa y equilibrada el trabajo de cuidados no remunerado y responsabilidades domésticas y la paternidad responsable. Y reducir la carga de trabajo desde un enfoque de derechos y basándose en los principios de igualdad, universalidad y solidaridad. Ambos organismos abogaron por avanzar hacia una reactivación sostenible que garantice los derechos de las mujeres y promueva la igualdad de género. Esto requiere un pacto fiscal y de género para mitigar la emergencia e impulsar una reactivación sostenible y justa; reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia: servicios integrales de atención en violencia de género, salud sexual y reproductiva y cuidados y un ingreso básico de emergencia a mujeres en situación de pobreza. Invertir en la economía del cuidado como dinamizador para una reactivación económica con igualdad incluyendo la formalización, remuneración y seguridad social de todos los trabajadores. Redistribuir las responsabilidades de cuidado y avanzar en la transformación de los mercados laborales que logre una mayor corresponsabilidad entre el Estado, los hogares, el mercado y las comunidades. Finalmente, expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar los derechos de las mujeres migrantes, afrodescendientes, indígenas, rurales, de comunidades de base y mujeres con discapacidad.
