Una vez detenido por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía, fue hallado culpable y condenado por la Justicia por “dos delitos de abuso sexual especialmente agravado en régimen de reiteración real”.

Se le impuso una pena  de “3 años y 6 meses de penitenciaria (cárcel), 2 de cumplimiento efectivo y el resto de libertad vigilada”, dice el comunicado de la Jefatura.

Esto significa que aunque la condena es a tres años y medio de prisión, estará sólo dos años en la cárcel y el resto con libertad vigilada.

Esta resolución ha generado polémica al ser considerada a todas luces insuficiente, lo que ha despertado indignación de las víctimas así como de distintas asociaciones.