La pandemia de Covid-19 afectó mayormente a los grupos oprimidos desde hace décadas por la desigualdad, violencia y negación de derechos, mientras los dirigentes de Estados ricos como el expresidente estadounidense Donald Trump "hicieron estragos con la cooperación global, comprando buena parte de la provisión mundial de vacunas, dejando poco y nada a los demás".
Lo denunció el Informe 2020-2021 de la ONG Amnesty International, que analiza la situación de los derechos humanos en 149 países.
El documento subraya "los fracasos de los líderes globales cuando se trata de afrontar la pandemia, a través de políticas basadas en el oportunismo y el total desprecio por los derechos humanos".
Para la organización, la respuesta a la emergencia "fue nuevamente comprometida por dirigentes que aprovecharon despiadadamente la crisis y usaron el Covid-19 para atacar los derechos humanos".
"Todos los indicadores, investigaciones y análisis demuestran el freno en el progreso y tutela de los derechos humanos, y cómo la pandemia se usó deliberadamente para bloquear el goce de los derechos humanos de las poblaciones del mundo", dijo en conferencia de prensa Emanuele Russo, presidente de Amnesty International Italia.
Las desigualdades hicieron que la pandemia haya tenido un impacto desproporcionadamente negativo sobre minorías étnicas, refugiados, ancianos y mujeres.
La emergencia empeoró la ya precaria situación de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, en algunos casos atrapándolos en campos tremendos, excluyéndolos de servicios o víctimas del refuerzo de los controles de frontera.
El informe pone en evidencia, además, un aumento de la violencia de género y de la violencia doméstica: muchas mujeres y personas LGBT se chocaron con mayores obstáculos en la búsqueda de protección.
En al menos 42 países, las autoridades vejaron e intimidaron a operadores sanitarios y trabajadores esenciales en el contexto de la pandemia, que "sufrieron las consecuencias de sistemas sanitarios deliberadamente desmantelados y de ridículas medidas de protección social".
En lo que concierne a las políticas de los dirigentes mundiales, un modelo constante de 2020 fue la adopción de leyes para criminalizar las críticas relativas a la pandemia.
En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán modificó el código penal, introduciendo penas de hasta cinco años de cárcel para la "difusión de informaciones falsas" sobre la pandemia.
Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Oman usaron la pandemia como pretexto para seguir suprimiendo el derecho a la libertad de expresión.
Otros dirigentes autorizaron el uso excesivo de la fuerza, como en el caso de Filipinas, Nigeria y Brasil.
En China, el gobierno de Xi Jinping "siguió persiguiendo a los uigures y las demás minorías musulmanas de Xinjiang", y en Hong Kong "hizo entrar en vigencia una ley de contenidos vagos y genéricos para legitimar la represión política".
Pekín además "censuró y persiguió a los operadores sanitarios y periodistas que habían intentado lanzar un alerta rápida sobre el virus, suprimiendo así informaciones cruciales".
En el ámbito de la pandemia, Amnesty denunció que dirigentes mundiales obstaculizaron el intento de organizar una recuperación colectiva, bloqueando o complicando la cooperación internacional.
"Los Estados deben garantizar que las vacunas estén rápidamente disponibles para todos, por doquier y gratuitamente", dijo Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnesty International.
El informe describe también muchas importantes victorias en materia de derechos humanos en el último año, sobre todo en lo relativo a violencia de género, como la adopción de nuevas leyes para contrastar la violencia contra muchachas y mujeres en Corea del Sur, Kuwait y Sudán, y la despenalización del aborto en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte.
Las políticas regresivas impulsaron a muchas personas a adherir a luchas en curso desde hace largo tiempo, como el movimiento Black Lives Matters en Estados Unidos.
El documento subraya "los fracasos de los líderes globales cuando se trata de afrontar la pandemia, a través de políticas basadas en el oportunismo y el total desprecio por los derechos humanos".
Para la organización, la respuesta a la emergencia "fue nuevamente comprometida por dirigentes que aprovecharon despiadadamente la crisis y usaron el Covid-19 para atacar los derechos humanos".
"Todos los indicadores, investigaciones y análisis demuestran el freno en el progreso y tutela de los derechos humanos, y cómo la pandemia se usó deliberadamente para bloquear el goce de los derechos humanos de las poblaciones del mundo", dijo en conferencia de prensa Emanuele Russo, presidente de Amnesty International Italia.
Las desigualdades hicieron que la pandemia haya tenido un impacto desproporcionadamente negativo sobre minorías étnicas, refugiados, ancianos y mujeres.
La emergencia empeoró la ya precaria situación de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, en algunos casos atrapándolos en campos tremendos, excluyéndolos de servicios o víctimas del refuerzo de los controles de frontera.
El informe pone en evidencia, además, un aumento de la violencia de género y de la violencia doméstica: muchas mujeres y personas LGBT se chocaron con mayores obstáculos en la búsqueda de protección.
En al menos 42 países, las autoridades vejaron e intimidaron a operadores sanitarios y trabajadores esenciales en el contexto de la pandemia, que "sufrieron las consecuencias de sistemas sanitarios deliberadamente desmantelados y de ridículas medidas de protección social".
En lo que concierne a las políticas de los dirigentes mundiales, un modelo constante de 2020 fue la adopción de leyes para criminalizar las críticas relativas a la pandemia.
En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán modificó el código penal, introduciendo penas de hasta cinco años de cárcel para la "difusión de informaciones falsas" sobre la pandemia.
Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Oman usaron la pandemia como pretexto para seguir suprimiendo el derecho a la libertad de expresión.
Otros dirigentes autorizaron el uso excesivo de la fuerza, como en el caso de Filipinas, Nigeria y Brasil.
En China, el gobierno de Xi Jinping "siguió persiguiendo a los uigures y las demás minorías musulmanas de Xinjiang", y en Hong Kong "hizo entrar en vigencia una ley de contenidos vagos y genéricos para legitimar la represión política".
Pekín además "censuró y persiguió a los operadores sanitarios y periodistas que habían intentado lanzar un alerta rápida sobre el virus, suprimiendo así informaciones cruciales".
En el ámbito de la pandemia, Amnesty denunció que dirigentes mundiales obstaculizaron el intento de organizar una recuperación colectiva, bloqueando o complicando la cooperación internacional.
"Los Estados deben garantizar que las vacunas estén rápidamente disponibles para todos, por doquier y gratuitamente", dijo Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnesty International.
El informe describe también muchas importantes victorias en materia de derechos humanos en el último año, sobre todo en lo relativo a violencia de género, como la adopción de nuevas leyes para contrastar la violencia contra muchachas y mujeres en Corea del Sur, Kuwait y Sudán, y la despenalización del aborto en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte.
Las políticas regresivas impulsaron a muchas personas a adherir a luchas en curso desde hace largo tiempo, como el movimiento Black Lives Matters en Estados Unidos.
