por Esteban Valenti
Hay gobiernos que pasan a la historia de sus países por buenas razones, otros pasan desapercibidos por haber sido simples administradores y otros pasan a la peor historia por haber cometido actos totalmente destructivos para sus naciones. Eso es lo que sucederá con el gobierno de Luis Lacalle Pou. La entrega inconstitucional e ilegal ya fue firmada.
Pasará a la peor historia del país, porque comprometió de la manera más negativa la soberanía nacional, durante 12 diferentes gobiernos, hipotecando el rubro más importante de actividad del principal y único puerto de aguas profundas del Uruguay, otorgando mediante un decreto la ampliación de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) por otros cincuenta años, que se suman a los que restan del primer remate-concesión (11 años), extendiendo el plazo de explotación hasta el año 2081. Un compromiso impuesto a 12 gobiernos nacionales, incluyendo el resto del actual gobierno.
El acuerdo YA FIRMADO sin consultar a nadie, ni al parlamento, ni a ninguna institución del Estado y por la sola voluntad del Presidente de la República actuando con el Ministro de Obras Públicas, en un acuerdo totalmente incompleto a favor de la empresa, le otorga no solo la extensión escandalosa del plazo, sino el monopolio absoluto para el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo. Y no solo el monopolio, lo que ya es gravísimo, sino desregularizó todo lo que le conviene a la empresa belga Katoen Natie. Todo. Y lo que es incompleto queda librado a la voluntad de la empresa.
Y hay un agravante que trataremos y detallaremos más adelante, todo este oscuro operativo, terminará con la venta por parte de Katoen Natie de su participación en TCP (80%), además de la empresa Nelsury que le brinda servicios contratados y es 100% de los belgas (negocio completo), dentro de pocos años a otra empresa, con ganancias superlativas por el largo plazo de la concesión y por el monopolio.
Katoen Natie no es una empresa que en el mundo se dedica a mover contenedores, en el único puerto que opera esta modalidad de carga es Montevideo. Su expertise no son las terminales especializasas de contenedores como lo pueden ser otros operadores globales; su principal actividad en Europa y en EE.UU. está centrada en la logística y en terminales para la industria plástica. Así que el gobierno nos entregó atados de pies y manos a no se sabe quién, ni siquiera a Katoen Natie.
Todavía tenemos una empresa de abogados y economistas contratada por Katoen Natie, CPA- Ferrere que gentilmente nos propone que la ANP, propietaria del 20% de las acciones de TCP, venda su parte, cosa de que a la hora de la venta final, estemos afuera incluso de ese negocio, enteramente en manos de los belgas. Y además se haya transformado en la gran defensora de esta ruinosa operación.
Katoen Natie, hace muchos años que deposita las ganancias obtenidas por TCP, incluyendo el 20% de la ANP en bancos de Luxemburgo y esos fondos son prestados a tasas ridículas y totalmente fuera del mercado a empresas del grupo belga. Negocio recontra redondo. Y nadie chista. Y que alguien me desmienta. Todo esto está registrado en los balances de la empresa.
Cuando se ponga en marcha el acuerdo, defendible solo por una buena tajadita, 700 personas podrán quedar sin trabajo (400 de Montecon y 300 de empresas que brindan servicios directos, como, Albilan, Bidol, Tamibel), entre otras. Qué momento tan oportuno para destruir 700 puestos de trabajo especializados.
El argumento principal y vergonzoso de este acuerdo, firmado a velocidades siderales para los estándares de la burocracia uruguaya y cuyo texto parece redactado minuciosamente por los privados, KN, es la amenaza de juicio por 1.500 millones de dólares realizada por los belgas en el marco del tratado de protección de inversiones belgo-luxemburgués. Un juicio que recién se comenzó a menear por parte de KN, con una cifra ridícula que no soporta el menor análisis para cualquier estudio serio y no subvencionado por la parte demandante o amenazante, en el año 2019. Luego, de que KN diera por terminado su intento de venta de la empresa, a partir del 2017. Cuando no alcanzó el precio que pretendía, recurrió a su especialidad: amenazar y utilizar sus excelentes relacionistas públicos y sus inversiones en prensa, en abogados y en partidos políticos. A diestra y siniestra.
A los economistas opositores en este tema sería recomendable que estudiaran el asunto, no es tan difícil en particular políticamente, porque este tema tiene implicancias, económicas, legales, portuarias, pero sobre todo políticas.
De la página tan honorable de un gobierno que cede ante la simple amenaza de un juicio, cuando el país afrontó y ganó todos los juicios internacionales importantes en los últimos tiempos, como Phillips Morris o la minera Aratirí y que le hace pagar a todos los uruguayos y a los próximos once gobiernos las peores condiciones imaginables para su comercio exterior, su soberanía, sus inversiones y le entrega TODAS LAS PERILLAS, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS PERILLAS a los belgas, se deberá agregar que sin dudas tenemos en el horizonte un juicio internacional basado en dos tratados de protección de inversiones con Chile y con Canadá. Y no sabemos el monto de ese juicio.
Lo más grotesco es que un gobierno por la boca de sus máximas autoridades declaró a la prensa dándole todas las razones a KN, sobre sus argumentos para iniciar un juicio, santificando sus argumentos legales. Yo nunca antes lo había visto. Le dieron el cuchillo por el mango, le afilaron la hoja y se lo clavaron en el pecho. Ellos solos. ¿Desinteresadamente?
El otro gran argumento fueron las inversiones prometidas de 455 millones de dólares, a cambio no solo de los 50 años del monopolio y desregulación sino además de que el Estado se hará cargo del dragado hasta 14 metros del canal de acceso y del área de maniobra. Eso para uso de TCP lo pagaremos todos los uruguayos, siempre y cuando la Argentina nos lo permita. Ya anunciaron que no estaba incluida esa profundidad en el acuerdo en el marco del Tratado del Río de la Plata, el máximo son 13 metros. Y llevará varios años de discusión y negociación y de rezos.
Pero, además de plata a desembolsar estamos hablando de un "detallecito": los últimos 106.400.000 de dólares (algo menos de un cuarto de las inversiones prometidas) previstas para la cuarta etapa, están sujetas a un oportuno estudio de factibilidad. Insólito, el estudio ya se tendría que haber realizado, considerando que las obras serían para el 2023 y 2024. ¿Y si el dragado no se realizó por cualquier motivo y por la oposición argentina, KN no tendrá los mejores argumentos para postergar sine die esa inversión?
Otros "detallecito", de las grandes empresas navieras, la segunda más importante del mundo, MSC ya manifestó su preocupación por quedar en Montevideo, enteramente en las dulces manos de KN, y MAERSK la principal ya declaró el domingo pasado que está pasando a su nuevo nivel: la integración vertical del movimiento de carga, del productor al destinatario, pero... en Argentina y Brasil.
Monopolio, desregulación, pueden ser palabras abstractas, técnicas, pero lo que es seguro como la salida del sol por oriente, es que los precios de los servicios portuarios, los diversos servicios quedan todos enteramente en manos de Katoen Natie y lo poco que bajarán por el lado del movimiento de los contenedores, lo subirán por otros costos, a su antojo y sin que nadie los moleste. Quienes pagarán estos precios: los importadores y exportadores uruguayos. El objetivo de KN, obtener el mayor EBITDA (El EBITDA (Earnings BeforeInterests, Taxes, Depreciations and Amortizations) es decir las ganancias brutas, antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Que es el indicador clave para vender un puerto, cuyo valor base se establece multiplicando el EBITDA. Imaginen pasar de 11 años a 61 años y monopólicos... Que regalito.
Mientras los belgas vendían TCP entre el 2017 y el 2019 nunca se les ocurrió hablar, suspirar siquiera sobre dificultades legales en la explotación de TCP o mientras tenían el monopolio de las grúas pórtico, que permiten mejorar al doble la productividad y los costos de las otras grúas utilizadas en contenedores. Dentro del ANP y buscando, no logré encontrar ninguna protesta o reclamo, de parte de ningún director sobre la concesión de espacios públicos a otras empresas, ni siquiera al actual presidente blanco del ANP, presidente del actual directorio y miembro de los anteriores por la oposición. Otro que pasará a la historia...
Insisto, yo cuestioné la negociación con UPM por su segunda planta, pero no tiene nada que ver con esto. Ni es un monopolio privado, ni hay desregulación de ningún tipo, ni le entregamos a una empresa el manejo de la parte sustancial de su movimiento logístico. Nada menos que el puerto de Montevideo.
Ahora vayamos a la ley para que no haya dudas y meneos.
La ley de Puertos, Nº 16.246 del 8 de abril de 1992, establece en su Artículo 2º.- La circulación de mercaderías en el Puerto de Montevideo será libre. No se exigirán para ello autorizaciones ni trámites formales. Las actividades que se cumplan en dicho puerto no significarán modificaciones de la naturaleza del producto o mercaderías y quedarán limitadas a operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. El destino de las mercaderías que ingresen al puerto podrá ser cambiado libremente. No estarán sujetos en ningún caso a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias previas.
Más claro echarle agua.
Artículo 7º.- Compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución. Fomentará la descentralización de los diferentes puertos de la República, sin perjuicio de asegurar la debida coordinación de las actividades que se desarrollen en ellos. Asimismo, velará para que aquellos servicios que se presten en régimen de libre concurrencia se efectúen en condiciones tales que efectivamente la garanticen, reservándose en todo caso el derecho de fijar tarifas máximas para tales servicios.
Y si no alcanza, hervirlo.
Agregar: De los servicios portuarios en el Puerto de Montevideo.
Artículo 9º.- La prestación de servicios portuarios en el Puerto de Montevideo por parte de empresas privadas, se ejercerá en los términos y condiciones dispuestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos.
Dicha reglamentación establecerá los requisitos técnicos y económicos que deberán poseer tales empresas. Estas podrán emplear equipos, utilaje y personal propios. También podrán contratar el uso de equipos y utilaje de la Administración Nacional de Puertos. Sin embargo, en ningún caso, el uso de los muelles y de las grúas estatales existentes podrá constituir un monopolio de hecho en manos de agentes privados.
Las empresas privadas que cumplan servicios portuarios, estarán sujetas a las normas de organización y funcionamiento del puerto y actuarán en todo conforme a las disposiciones de su Capitanía. Serán, asimismo, pasibles de las sanciones que procedan por el incumplimiento de dichas normas o disposiciones.
Las reglas de este artículo relativas a equipos y utilaje de la Administración Nacional de Puertos, son aplicables a las empresas privadas que prestaron servicios en función del literal B) del artículo 11
¡Monopolio privado! (el subrayado es nuestro) - Y quedan muchos temas pendientes y de todas maneras quedamos asombrados de la casi nula importancia que le presta casi toda la oposición y los que se dicen defensores de la soberanía dentro del propio gobierno y saben perfectamente que además de un pésimo negocio, se está violando la ley y la Constitución
