por Milagros Rodríguez
La Asamblea Nacional, que encabeza el líder opositor Juan Guaidó, advirtió hoy que la "írrita e inconstitucional" reforma judicial que adelanta el Parlamento oficialista busca elegir un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "a la medida" del régimen de Nicolás Maduro.
Asimismo, los legisladores afirmaron que la pretendida reestructuración del poder judicial lo que busca es evadir la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) adelanta a la dictadura por "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante las protestas antigubernamentales de 2017 que causaron más de 100 muertos.
"Esta reestructuración del poder Judicial mediante esta inconstitucional reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia y la asignación de nuevos magistrados, busca preparar el terreno para conformar un TSJ a la medida y frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo", afirmó la diputada Yajaira de Forero durante el plenario de la Comisión Delegada.
La diputada aseveró que "pretenden dar señales de apertura y cambio en el poder judicial que hoy funge como su brazo opresor. El régimen intenta lavar la cara a un expediente que suma más de 250 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, todo esto incluye severos señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos", afirmó.
Además, indicó que "durante años han intentado varias reformas al poder judicial, y todas han fracasado", pero "ahora pretenden desde la ilegítima Asamblea Nacional realizar una nueva reforma queriendo maniobrar y hacer ver que con un goteo de excarcelaciones de presos políticos y abriendo procesos judiciales a funcionaros de rangos medios van a evadir la justa internacional".
En este sentido la funcionaria destacó que el 18 de marzo, "una vez más la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos ratificó que concluyó que existen suficientes motivos razonables para creer que este régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad".
Además, apuntó que en ese informe se manifestó que "no vemos ningún avance significativo en cuanto al régimen que haya procesado a todos los culpables de tan graves violaciones a los DDHH. Lo que hemos visto es un simple maquillaje de parte del régimen para encubrir a los verdaderos responsables de estos crímenes", fustigó.
A su vez, la diputada Delsa Solórzano, enfatizó que la pretendida reforma no resolverá el problema de administración de justicia, mientras "en el ejercicio del poder esté un régimen dictatorial que se caracteriza por la ausencia de separación de poderes y el secuestro de todos ellos, para ponerlos al servicio de la mal llamada revolución socialista del siglo XXI".
La diputada informó que de manera directa están haciendo llegar a la Fiscalía de la CPI, "todas las probanzas teóricas y documentales", con respecto a declaraciones de las víctimas, "para dejar constancia fehaciente de otra atroz actuación de la dictadura". El debate se produjo en momentos en que el país espera que la Asamblea Nacional oficialista convoque al plenario, para designar a los nuevos magistrados del máximo ente judicial para los próximos 12 años.
El nombramiento estaba previsto para la sesión del viernes que fue diferida "por horas" para "buscar por consenso a los 20 mejores magistrados principales, a los 20 mejores magistrados suplentes, el inspector general de tribunales y el director de la escuela de la Magistratura", dijo el chavista, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, ese día.
La selección de los nuevos jueces se producirá luego de que el Legislativo sancionó en enero la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que reduce de 32 a 20 el número de magistrados del máximo tribunal del país, y designó a un Comité de Postulaciones que se encargó de evaluar a los elegibles, pese a la críticas de ONG defensores de DDHH, juristas y opositores.
