Los partidos de derecha, que conforman la alianza Chile Vamos, dieron a conocer 10 compromisos para elaborar un tercer texto constitucional, de ganar la opción Rechazo en el Plebiscito del 4 de septiembre.
En el referéndum, los chilenos se pronunciarán si aprueban la propuesta surgida de la Convención Constituyente o si la rechazan, en este último caso, seguiría vigente la carta de 1980 escrita y promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La oposición y figuras relevantes de la centroizquierda -entre ellos los expresidentes Ricardo Lagos (PS) y Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC)- han levantado una tercera alternativa para el día siguiente del Plebiscito que permita una serie de reformas.
La derecha opositora -integrada por la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Renovación Nacional (no incluye al ultraderechista Partido Republicano)- postula "rechazar para reformar". En esa linea entregaron un compromiso "solemne y decidido" para avanzar, en caso de que gane el Rechazo, en una nueva Constitución "que permita reencontrarnos, que favorezca los cambios que anhela la ciudadanía y busque los mayores acuerdos para proyectarnos próximas décadas con unidad y estabilidad".
Dicen haber "escuchado a Chile y a sus diversos actores sociales" y que "haciéndose cargo de su historia, viene a reafirmar su compromiso con la continuidad del proceso constituyente".
Adhirieron, en primer lugar, con un "Estado social y democrático de derecho", incluido en la propuesta de nueva Constitución que termina con la visión de estado subsidiario, columna vertebral de la Carta de 1980.
"Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna", señaló.
Dos, modernización y ampliación de los derechos fundamentales, admitiendo que la actual Constitución no alcanza a "comprender la complejidad de una sociedad dinámica, moderna y diversa". Se comprometen a incluir el "respeto irrestricto a las libertades básicas; la igualdad ante la ley; el derecho humano al agua; el derecho a la seguridad individual; y el derecho a una buena administración pública, entre otros".
Tres, más democracia y participación, poniendo "a la persona y la sociedad civil como centro y motor de la vida pública". Por consiguiente "garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, robustecer el derecho de asociación, integrar el aporte público de la sociedad civil, fortalecer la participación democrática en los partidos políticos e incrementar canales para más y mejores mecanismos de democracia directa, que enriquezcan la democracia representativa".
Cuatro, nuevo presidencialismo, defensa del Senado y eliminación del control preventivo del Tribunal Constitucional.
La Convención elimina el TC y el Senado proponiendo una Cámara de Regiones.
Quinto, descentralización y desarrollo solidario de las regiones en vez del estado Regional que propone el nuevo texto constitucional. La derecha buscaría "entregar mayor poder a las regiones y llevar a cabo una profunda descentralización política y administrativa, junto a mayores espacios de autonomía y responsabilidad fiscal", pero sin desmembrar el país "poniendo en riesgo la misma descentralización buscada y caminando hacia un Estado disfuncional".
Sexto, reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario y multicultural versus un estado plurinacional con autonomías territoriales indígenas. La derecha hoy admite incorporar "expresamente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, con un profundo respeto a su aporte en la construcción de lo que somos y al derecho a expresar libremente su tradición, cosmovisión, lengua, con un ámbito de razonable autonomía".
Séptimo, protección decidida del medioambiente y biodiversidad, "en un marco de justicia y compromiso intergeneracional, poniendo término a las llamadas zonas de sacrificio ambiental".
Octavo, igualdad ante la ley, protección de los derechos y fortalecimiento del Poder Judicial, versus el nuevo texto que propone un Sistemas de justicia, que incluye un sistema indígena.
Noveno, un Estado íntegro, transparente y profesional con mirada de futuro, que "asegure un Estado con un actuar probo, transparente, técnico y profesional, que dé cuenta efectiva y honesta de sus actuaciones".
Décimo y último, economía social de mercado al servicio del desarrollo, del crecimiento equitativo y del término de los abusos, estimulando la generación de empleo, los emprendedores y la innovación, superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, terminar con los abusos, favorecer la movilidad social y alcanzar el desarrollo con plena responsabilidad con el medio ambiente y con las comunidades locales.
En el referéndum, los chilenos se pronunciarán si aprueban la propuesta surgida de la Convención Constituyente o si la rechazan, en este último caso, seguiría vigente la carta de 1980 escrita y promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La oposición y figuras relevantes de la centroizquierda -entre ellos los expresidentes Ricardo Lagos (PS) y Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC)- han levantado una tercera alternativa para el día siguiente del Plebiscito que permita una serie de reformas.
La derecha opositora -integrada por la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Renovación Nacional (no incluye al ultraderechista Partido Republicano)- postula "rechazar para reformar". En esa linea entregaron un compromiso "solemne y decidido" para avanzar, en caso de que gane el Rechazo, en una nueva Constitución "que permita reencontrarnos, que favorezca los cambios que anhela la ciudadanía y busque los mayores acuerdos para proyectarnos próximas décadas con unidad y estabilidad".
Dicen haber "escuchado a Chile y a sus diversos actores sociales" y que "haciéndose cargo de su historia, viene a reafirmar su compromiso con la continuidad del proceso constituyente".
Adhirieron, en primer lugar, con un "Estado social y democrático de derecho", incluido en la propuesta de nueva Constitución que termina con la visión de estado subsidiario, columna vertebral de la Carta de 1980.
"Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna", señaló.
Dos, modernización y ampliación de los derechos fundamentales, admitiendo que la actual Constitución no alcanza a "comprender la complejidad de una sociedad dinámica, moderna y diversa". Se comprometen a incluir el "respeto irrestricto a las libertades básicas; la igualdad ante la ley; el derecho humano al agua; el derecho a la seguridad individual; y el derecho a una buena administración pública, entre otros".
Tres, más democracia y participación, poniendo "a la persona y la sociedad civil como centro y motor de la vida pública". Por consiguiente "garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, robustecer el derecho de asociación, integrar el aporte público de la sociedad civil, fortalecer la participación democrática en los partidos políticos e incrementar canales para más y mejores mecanismos de democracia directa, que enriquezcan la democracia representativa".
Cuatro, nuevo presidencialismo, defensa del Senado y eliminación del control preventivo del Tribunal Constitucional.
La Convención elimina el TC y el Senado proponiendo una Cámara de Regiones.
Quinto, descentralización y desarrollo solidario de las regiones en vez del estado Regional que propone el nuevo texto constitucional. La derecha buscaría "entregar mayor poder a las regiones y llevar a cabo una profunda descentralización política y administrativa, junto a mayores espacios de autonomía y responsabilidad fiscal", pero sin desmembrar el país "poniendo en riesgo la misma descentralización buscada y caminando hacia un Estado disfuncional".
Sexto, reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario y multicultural versus un estado plurinacional con autonomías territoriales indígenas. La derecha hoy admite incorporar "expresamente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, con un profundo respeto a su aporte en la construcción de lo que somos y al derecho a expresar libremente su tradición, cosmovisión, lengua, con un ámbito de razonable autonomía".
Séptimo, protección decidida del medioambiente y biodiversidad, "en un marco de justicia y compromiso intergeneracional, poniendo término a las llamadas zonas de sacrificio ambiental".
Octavo, igualdad ante la ley, protección de los derechos y fortalecimiento del Poder Judicial, versus el nuevo texto que propone un Sistemas de justicia, que incluye un sistema indígena.
Noveno, un Estado íntegro, transparente y profesional con mirada de futuro, que "asegure un Estado con un actuar probo, transparente, técnico y profesional, que dé cuenta efectiva y honesta de sus actuaciones".
Décimo y último, economía social de mercado al servicio del desarrollo, del crecimiento equitativo y del término de los abusos, estimulando la generación de empleo, los emprendedores y la innovación, superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, terminar con los abusos, favorecer la movilidad social y alcanzar el desarrollo con plena responsabilidad con el medio ambiente y con las comunidades locales.
