MONTEVIDEO (Uypress)- La Asociación de ex presas y ex presos políticos (Crysol) emitió su editorial, referido a que este domingo 27 de junio, hace 48 años del golpe de estado, la disolución de las Cámaras y el inicio de la Huelga General, desarrollada por la CNT, la FEUU y los sectores populares en repudio al atropello llevado adelante por militares y sus cómplices civiles.
Un legado funesto para la sociedad - Domingo 27 de junio 2021: se cumplen 48 años de la disolución de las Cámaras y del inicio de la huelga general desarrollada por la clase obrera, la FEUU y los sectores populares repudiando el golpe de Estado.
La dictadura cívico militar, llevada adelante por el presidente electo Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas, fue un acontecimiento de gran trascendencia en todos los planos. Aún sigue teniendo una enorme incidencia en la realidad nacional, en el plano judicial y político pero también en el económico. El crónico déficit del Servicio de Pensiones y Retiros Militares está relacionado con ella.
Hipertrofia de las Fuerzas Armadas - En el año 1968, el presidente Jorge Pacheco Areco sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles y las transformó en actores políticos militarizando y reprimiendo a los trabajadores públicos y privados de diferentes gremios. La activa participación protagónica de las Fuerzas Armadas desde abril de 1972 y, muy especialmente, desde el 9 de febrero de 1973, luego de los acuerdos de Boiso Lanza, demandó un crecimiento inusitado del número de sus integrantes y de los recursos presupuestales asignados a ellas.
Las cifras son elocuentes. En 1970 el número de funcionarios militares ascendía a 17.000, en 1975 eran 25.000, en 1978 eran 28.000 y llegaron a ser 30.000 en 1983 cuando la dictadura comenzaba su fase de repliegue ordenado. Los efectivos militares por decisión de los Altos Mandos se incrementaron en un 75% durante el proceso.
Dictadura y gastos militares - En 1970 los gastos militares ascendieron a 1,9% del PBI, fueron de 2,4% en 1973 y llegaron a ser del orden del 4% en 1982. Los gastos militares en armamento durante dicho período no se incrementaron de manera sustantiva, en igual proporción al aumento presupuestal. Es razonable suponer que el aumento del gasto estuvo destinado a la nueva función que las Fuerzas Armadas comenzaron a desarrollar desde setiembre de 1971 y, especialmente, desde abril de 1972.
Además con el propósito de favorecer la captación de nuevos miembros y de satisfacer a los integrantes, oficiales y tropas, se aprobó en 1974 una Ley Orgánica, vigente hasta el año 2018, con un régimen previsional sumamente generoso, defendido con uñas y dientes por el general ® Guido Manini Ríos y alabado por el actual Comandante en Jefe del Ejército Gerardo Fregossi el pasado 18 de mayo.
Caja Militar: un legado del terrorismo de Estado - La derrota política de los militares y de su proyecto de Constitución en el histórico Plebiscito de 1980 marcó un jalón decisivo: culminaría con el retorno a la institucionalidad democrática en el año 1985. Las FFAA, si bien continuaron jugando un papel tutelar durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y en los sucesivos, comenzaron a cumplir las funciones tradicionales. Por este motivo, el número de sus integrantes comenzó a reducirse de manera gradual aunque continuaron manteniendo sus privilegios en general y en lo referido al régimen jubilatorio y pensionario.
La aprobación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada en diciembre de 1986, refrendada por la ciudadanía en abril de 1989, impidió que los criminales estatales fueran juzgados, que las Fuerzas Armadas fueran depuradas, pudieran mantener su poderío e influencia institucional y, sus privilegios.
La reducción del número de integrantes para adecuarlos a las funciones constitucionales, unido a la ley jubilatoria generosa y privilegiada, es lo que ha llevado a que el sistema de pensiones y retiros de las FFAA sea ampliamente deficitario desde hace más de una década y haya costado, solamente el año pasado, la friolera cifra de 500 millones de dólares.
El inexorable camino de la justicia - Casi 200 detenidos desaparecidos. 200 asesinados. Miles de presos políticos y exiliados. La dictadura cívico militar dejó un saldo trágico para la nación entera en materia de violaciones a los Derechos Humanos pero también en otras esferas de la vida. Los trabajadores perdieron el 50% del poder adquisitivo de sus salarios. Una enorme masa de dinero fue destinada a las arcas de los grupos económicos poderosos, los "malla de oro" de la época, que apoyaron el proceso. Al retornar a la democracia el 40% de los hogares de Uruguay estaba por debajo de la línea de la pobreza.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es el camino para impedir que ellos vuelvan a reiterarse, para cerrar la puerta a nuevos procesos similares. Como colectivo seguiremos reclamando el accionar del Poder Judicial sin restricciones de ningún tipo. El castigo de los crímenes es indispensable para afirmar el Estado de Derecho y la plena vigencia de las libertades y derechos. Es lo que corresponde para impedir que el pasado pueda reiterarse.
Nota: La información sobre la hipertrofia de las Fuerzas Armadas y los gastos militares está tomada del libro "El negocio del terrorismo de Estado" que hace algunos años presentó Crysol con la presencia de Samuel Blixen y la periodista Natalia Uval.
