MONTEVIDEO (Uypress) - El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para traspasar las competencias del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), movimiento que tiene sus fundamentos y aportará beneficios a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, según explicó el director de la institución, Wilder Tyler. a Montevideo Portal. La asociación de ex presos políticos Crysol aprobó esta decisión y afirmó que "dotar a la Inddhh de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles". "Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso con la verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática", afirmó la asociación en un comunicado. Crysol señaló que tiene una "visión optimista" pero que para cumplir los nuevos cometidos la Inddhh deberá ser dotada de los recursos básicos e imprescindibles para ello.

"Hasta el momento, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, una gran herramienta en la batalla histórica por la construcción histórica del pasado para contrarrestar las tesis negacionistas, no cuenta con recursos para funcionar. La Oficina de Atención a las Víctimas del terrorismo de Estado (OAVTE), dependiente de ASSE y del MSP, a pesar de las reiteradas gestiones llevadas adelante por Crysol en los últimos dos años, no cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos a los proveedores", advirtió. "Un mayor compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los tomadores de decisiones al respecto sería muy importante", opinó el colectivo. Finalmente, Crysol defendió la labor de la Inddhh como "un auténtico logro de la sociedad uruguaya" a pesar de ser "duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de comunicación".

"Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática, tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente. Debería ser aprobado por unanimidad en ambas cámaras", finalizó.

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