BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal federal argentino dictó 10 sentencias a cadena perpetua en la megacausa que juzgaba a 19 personas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983) perpetrados en Campo de Mayo, una base militar en la provincia de Buenos Aires donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención.
"Los hechos objetos de este proceso son delitos de lesa humanidad", sostuvo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 del municipio bonaerense de San Martín al leer el fallo.
Los magistrados evaluaron los crímenes que cometió el terrorismo de Estado en la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
A más de tres años del comienzo del juicio, los jueces del tribunal dieron por probado un plan de exterminio en una de las bases militares más grandes del país, que contaba con varios lugares para alojar a los prisioneros y que incluso albergó una maternidad clandestina.
La Zona de Defensa IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, estaba bajo la responsabilidad de Santiago Omar Riveros, uno de los condenados en este juicio que sumó una condena más a prisión perpetua.
Recibieron la misma sentencia otros nueve represores, entre ellos Luis Sadí Pepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones del Área 420 dependiente del Comando de Institutos Militares, y Carlos Javier Tamini, que fue jefe de la División Contrainteligencia del Departamento II de Inteligencia del Comando.
El tribunal también impuso penas de entre 9 y 22 años al resto de acusados.
Los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega también ordenaron "la reparación histórica de legajos estudiantiles o laborales en caso en que se hayan aplicado cesantías, despidos, expulsiones o medidas análogas" contra las víctimas.
Con este fallo, que analizó trece expedientes, finaliza el juicio oral y público que comenzó el 29 de abril de 2019 y que indagó en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas, entre las que había 19 embarazadas, cuyos nombres fueron leídos antes de leer el veredicto.
A lo largo del juicio se acumularon 13 expedientes, y se juzgó en un principio a 23 personas, pero durante el proceso tres de ellas fallecieron por causas naturales, y una cuarta fue separada por incapacidad.
Los 19 restantes fueron acusados de los delitos de torturas, secuestros, y homicidios, así como también por allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados.
De los enjuiciados, 10 no contaban con sentencia previa, mientras que los otros nueve ya habían sido condenados por otros delitos.
El debate, por el que desfilaron 765 testigos, contó con el seguimiento de 19 querellas distintas, entre querellantes particulares y organismos.
Una de ellos es la asociación humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, que participó en este juicio en representación de 46 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas, nueve padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos relacionados.
De entre los niños que nacieron en cautiverio en el Campo de Mayo, cinco recuperaron su identidad, mientras que Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a otros 10.
Campo de Mayo es uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó en Argentina durante el terrorismo de Estado.
La fiscal del caso, Gabriela Sosti, estimó durante el juicio que más de 6.000 personas fueron secuestradas en Campo de Mayo, y que sobrevivieron unos 60, apenas el 1%.
El 4 de julio, la justicia argentina dio por acreditada la existencia de los "vuelos de la muerte" que salían de Campo de Mayo y que la Junta Militar utilizó para deshacerse de personas que mantenía estaban secuestradas, y condenó a perpetua a cuatro exmilitares, entre ellos Omar Rivero.
Organizaciones de derechos humanos estiman que durante la dictadura argentina unas 30.000 personas fueron detenidas-desaparecidas, y que unos 500 hijos de mujeres secuestradas nacieron en cautiverio y les fue arrebatada su identidad.
