Estimado Director,
A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: Uruguay no ha logrado garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes que sufren distintas formas de violencia. A la opinión pública Con motivo de la conmemoración del 25 de abril, Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia niñas, niños y adolescentes, el Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay (CDNU), la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) reafirman su compromiso con la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, manifiestan el reconocimiento de avances hacia el cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño (1989-1990) y subrayan algunas preocupaciones. Uruguay ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 28 de septiembre de 1990, a través de la Ley 16.137. Desde ese entonces a la fecha, el país no ha logrado garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes que sufren distintas formas de violencia. En 2017, el Ministerio deI Interior registró 9,574 víctimas de violencia doméstica, 906 denuncias de atentado violento al pudor, 130 violaciones, 114 de explotación sexual comercial; con alta prevalencia de víctimas mujeres en los delitos sexuales. A su vez, el bajo número de situaciones atendidas (3155 SIPIAV, 380 Conapees) en comparación con la cantidad de situaciones denunciadas, además de la cantidad de situaciones que se comienzan a atender en su estado crónico, demuestran que persisten grandes dificultades para la detección y atención a tiempo. Esto profundiza los daños y tiene consecuencias graves sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, quienes sufren respuestas de encierro en clínicas psiquiátricas o no son atendidos por las entidades responsables, vulnerando nuevamente sus derechos.
En Uruguay, se identifican situaciones de violencia en las familias, en las comunidades y en las instituciones. Agrava la situación la falta de registros y espacios independientes a las instituciones donde niñas, niños y adolescentes puedan denunciar los casos de violencia que sufren por parte de quienes deberían protegerles o mecanismos para denunciar las omisiones de las instituciones. Las respuestas siguen siendo escasas, los servicios están desbordados, no se priorizan respuestas especializadas y las que hay no le llegan a todas las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Las alternativas, muchas veces se traducen en encierro, destierro, culpabilización, lo que se traduce en una nueva forma de violencia. El Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, en todos los espacios donde se desarrolla la vida de niñas, niños y adolescentes. La violencia se ejerce tanto por acción como por omisión, por lo cual entendemos urgente que el Estado dé muestras claras de su compromiso para la protección de niños, niñas y adolescentes Entendemos urgente:
-Presupuesto genuino para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en cuanto a prevención, atención y sanción de responsables.
-Estrategias de formación y de atención en todas las instituciones donde se atienden niños, niñas y adolescentes, así comoprofundizar la formación integral sobre la temática, (considerando los distintos tipos de violencias). Capacitar a técnicos y funcionarios que trabajan directamente con la población o están en contacto con el problema, para la compresnión de que niños, niñas y adolescentes son víctimas directas de la violencia basada en género que padecen sus madres.
-Revisión en clave de derechos humanos de las clínicas psiquiátricas de agudos y crónicos que psiquiatrizan el daño y privan de la libertad a quienes deben de ser protegidos de toda forma de violencia, en especial la institucional.
-Compromiso genuino del sector salud para la protección, atención y reparación del daño de niñas, niños y adolescentes.
-Servicios de atención especializados para la atención y protección de toda forma de violencia en todo el país.
-Formación a operadores del sistema de justicia en violencia hacia la infancia y adolescencia, así como un presupuesto adecuado para la aplicación de la política pública y administración de recursos.
-Análisis, investigación y sanción de los responsables de los delitos contra niñas, niños y adolescentes, ya sea homicidios, violencia institucional, violencia sexual (explotación y abuso sexual) y de otras formas de violencia que configuren hechos delictivos. Mientras prevalezca la impunidad, la violencia se permite y perpetúa.
-Apoyar a las familias para que puedan cuidar y en caso de que estas vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, garantizar los cuidados en el entorno familiar y comunitario, así como proveer de personal capacitado a los hogares de acogimiento, para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes de forma transitoria.
-Crear mecanismos de denuncia accesibles e independientes que incluyan la posibilidad de denunciar situaciones de violencia institucional.
-Prohibir cualquier forma de revinculación forzada con agresores en toda dependencia pública y privada. La protección de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad del Estado a través de todas sus instituciones, respondiendo y coordinando respuestas, así como también es responsabilida de las familias y de la comunidad en su conjunto. Si la violencia existe actualmente, es porque el "mundo adulto" sigue en deuda con la niñez y la adolescencia, dejando las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes lejos de los asuntos "prioritarios", cuando justamente ellas y ellos son y dteben ser la prioridad. Erradicar la violencia contra la niñez y la adolescencia, significa erradicarla de la sociedad.
#NoMásViolencia #LaInfanciaComoPrioridad
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