MONTEVIDEO (Uypress) - La gremial de Aduanas sostiene que demandará al Estado por montos "millonarios" por "ilegalidad" y vulneración de "derechos de corte constitucional de los funcionarios, responsabilizando de la situación a administraciones gubernamentales anteriores y a la actual. Texto del comunicado:
"El pasado 18 de agosto fuimos notificados de la Sentencia del T.C.A que decretó la suspensión de los efectos Decreto 315/019, referido al Proyecto de Reformulación de la Reestructura Organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo-a instancias de una acción de nulidad promovida por AFA-, advirtió por tercera vez consecutiva que la reestructura de la D.N.A adolece de una ilegalidad manifiesta, en tanto se vulneran a través de la misma derechos de corte constitucional de los funcionarios, como lo son el derecho a la carrera administrativa y al ascenso.
La Dirección Nacional de Aduanas gastó alrededor de U$S 800.000 en Consultorías para implementación de la primer Reestructura del Organismo en el año 2013, y una puesta marcha que representó un costo de U$S 23.000.000. De dicha suma, el Banco Interamericano de Desarrollo aportó U$S 11.000.000 y el resto el Estado Uruguayo.
La suspensión en la ejecución del Decreto 3151019, implica una vez más el reconocimiento del máximo órgano Jurisdiccional Administrativo del Estado Uruguayo al planteo que históricamente fuera denunciado por el Sindicato en cuanto a la vulneración de derechos que implicaba una reestructura que padecía de los mismos vicios constitucionales y apartamientos legales que padecieron los Decretos 2041013 y 256/016, los que también – y a instancias de este Sindicato – resultaron anulados por parte del TCA por ser manifiestamente contrarios al derecho, y en particular a la Constitución de la República.
Como consecuencia de este accionar irresponsable, el Estado Uruguayo deberá enfrentar demandas millonarias por ocho años de irregularidades sistemáticas en la Dirección Nacional de Aduanas, debiendo asimismo procurar el reintegro de las sumas millonarias pagadas indebidamente.
Para el colectivo de trabajadores resulta muy preocupante el hecho de que el Parlamento uruguayo apruebe el artículo 106 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2020, en tanto el mismo habilita a la D.NA a que por medio de una resolución administrativa continúe violentando los derechos constitucionales de los funcionarios, y lo que es peor a que se incumpla por parte de la Aduana a dispuesto por los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es una pésima y preocupante señal para un Estado de Derecho que se precia de Republicano, que el Poder Legislativo habilite al Poder Ejecutivo a violar la Constitución de la República, y a desconocer flagrantemente lo dispuesto por la máxima autoridad administrativa como lo es el T.C.A.
¡Basta de avasallamientos!
