BRUSELAS (Uypress)- El Consejo de la Unión Europea (UE) incluyó a Uruguay, Costa Rica, y otros cuatro países en la denominada lista gris de paraísos fiscales, que incluye aquellas naciones y territorios que no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal.

"Han sido incluidos en este documento Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia, Catar y Uruguay", dice el comunicado.

La decisión llega después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llevara a cabo una "revisión suplementaria" de los estándares que fija sobre intercambio de información tributaria, tras la publicación de la investigación periodística los Papeles de Pandora, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Uruguay había sido removido por la Unión Europea de la lista gris de países y territorios no cooperantes en materia fiscal en marzo de 2019, tras superar la evaluación que se realiza en el seno del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que funciona en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según consta en la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para salir de esa lista el país recorrió un proceso de evaluación que comenzó en 2016. 

Asimismo el Consejo decidió retirar a Anguila, Dominica y Seychelles de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (lista negra), que habían sido incluidos en la referida relación porque no cumplían el criterio de transparencia fiscal de la UE, que consiste en obtener al menos la calificación de «conforme en gran medida» otorgada por el Foro Global de la OCDE con respecto al intercambio de información previa solicitud.

Dos veces al año, el Consejo revisa su lista de países y territorios no cooperadores y el documento de acompañamiento sobre la situación actual (lista gris).

Esta práctica se estableció en 2017 para promover la buena gobernanza mundial en el ámbito fiscal e informar a los Estados miembros sobre qué países y territorios no pertenecientes a la UE incurren en prácticas fiscales abusivas.

De este modo pueden adoptar medidas de defensa para proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales.