por Esteban Valenti

Si hubiera que elegir una actitud que se impulsa, se promueve desde el poder en el Uruguay actual y tiene respaldo de importantes sectores de la sociedad y representa un cambio ideológico-cultural importante, es el acostumbramiento.

Nos hemos acostumbrado a que la gráfica, es decir, los datos sanitarios y humanos de la marcha de la pandemia pasen de situaciones de calma, de estabilidad, incluso de niveles positivos a saltos terribles, en los diversos indicadores. En esta última ola, sobre todo en el nivel de contagios, en el porcentaje de positivos sobre hisopados y en la cantidad de casos activos que ya superan los 80.000 y son superiores a cualquier otro momento. Es cierto y hay que reconocerlo que esta variante y sobre todo la vacunación han determinado una baja sensible del número de muertes y de internados en el CTI, pero la situación impacta no solo en la estructura sanitaria, sino en empresas, en oficinas, en diversas instituciones.

Pero nos acostumbramos o se acostumbraron a que las respuestas ante esta situación es la de esperar, no hacer nada, no tomar medidas de ningún tipo, que es una forma de tomar medidas según la particular interpretación del Presidente de la República. Ni siquiera convocar a un GACH, el que el gobierno quiera.

Es tan fuerte el acostumbramiento que, no digo criticar, comparar con el crecimiento del contagio con otros países para preocuparse porque volvemos a ocupar los peores niveles a nivel mundial, sino simplemente hacer tenues propuestas, no ya exigencias o críticas, es un pecado mortal.

En este cuadro cierra una mutualista importante por orden judicial, como el caso de Casa de Galicia y con excepción de los directamente afectados, socios y pacientes, médicos y funcionarios, el resto la miramos por TV.

Es notorio, evidente, que en sectores muy importantes del mundo del trabajo se ha pasado de la formalidad, del empleo estable -aun con diversas situaciones legales- al mundo de las changas y miles y miles de personas van por ese camino. La changa, es decir lo provisorio, lo inseguro funciona como una alternativa. Es decir que cada uno debe crearse su espacio laboral a como dé lugar. Tiene un aspecto positivo, la actitud de afrontar con empeño caminos diferentes para trabajar y también el otro aspecto, la resignación a la precariedad.

En muchos otros aspectos funciona y de manera alarmante. En las cárceles la situación ha empeorado de manera notoria. Con las mismas estructuras, sin obras de un mínimo de importancia hay 2.000 presos más, pero lo más grave es que las muertes en las cárceles crecieron entre 2019 y 2021 un 75% (datos oficiales) y no se nos mueve un pelo, ni a nivel institucional ni ciudadano. Es una bomba de tiempo terrible.

Estamos garantizando, asegurando que los que salgan de esas cárceles -la mayoría abrumadora de los presos son jóvenes- y que a excepción de los que mueran, saldrán a la calle, podemos estar absolutamente seguros de que saldrán mucho peor, con niveles acumulados de odio y de violencia multiplicados. Nos acostumbramos y dejamos pasar el tiempo y abundante jarabe de pico estatal.

Nos acostumbramos a que los informativos, sobre todo los fines de semana reporten múltiples asesinatos, en un caso alcanzaron los 8 homicidios en dos días, pero además hay canales nacionales que reportan asesinatos que otros ignoran. Lo he comprobado varias veces. No se trata solo de un tema político, el de los homicidios, sino de la punta indiscutible de la dolorosa pirámide del crimen, de la inseguridad y los cambios en el comportamiento de una parte de la sociedad uruguaya.

Nos hemos acostumbrado a que una senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, tenga la valentía y la decencia de afirmar que sobre la ley de microtráfico de drogas algo hay que modificar. Recordando que es uno de los 135 artículos de la LUC incluidos en el referéndum. Más allá de este caso concreto, no habría que preguntarse ¿Cuántos artículos realmente malos, inconvenientes, regresivos deberían anularse y luego cambiarse sin urgencia y con responsabilidad técnica y social? Casi ni se habla de esa posibilidad.

Nos hemos acostumbrado que con el cuento de mejorar la ley de inclusión financiera, llevar a 100.000 dólares la cantidad que pueda pagarse y cobrarse en efectivo. ¿Cuánta gente puede hacer eso y qué tipo de gente? ¿No les preocupa que sea un mecanismo para el lavado de dinero, que es un tema clave en el narcotráfico y en la corrupción? No, incluso algunos que nunca jamás llegarán a utilizar esta “facilidad” la defiendan. Por algo en estos tiempos no hay procesados por lavado de dinero…

Y ni que hablar que nos acostumbramos que la derecha y en particular los que consideran que hay que reducir, resecar, estrujar el Estado a su mínima expresión, hayan elegido otros caminos que los habituales, donde fueron derrotados ampliamente en referéndum anteriores y en la conciencia social mayoritaria de los uruguayos, ahora insistan con fervor y pasión e incluso hablen de libertad y de seguridad y de que ese es el camino hacia el futuro.

Buscan un acostumbramiento a liquidar en pedazos a diversas empresas del Estado, que no pudieron vender enteras en su momento, por el rechazo aplastante de la gente, se pueden liquidar en pedazos agitando una supuesta “libertad”, como por ejemplo la portabilidad numérica en ANTEL, luego vendrá Internet y además pedazos de ANCAP.

Aprovechando errores anteriores, en lugar de una reforma auténtica, modernizadora del Estado, de lo que se trata es de liquidar todo lo posible, replegarlo, y sobre todo envenenar su imagen lo más posible, un poco con el cuento de la herencia maldita (que dos años después ya suena a cuento) y otro como un supuesto camino al futuro, ante la falta más absoluta de obras importantes, en serio, planificadas y relacionadas con el desarrollo nacional.

Existía una ley que cubría perfectamente la legítima defensa y la prueba es que antes de los 135 artículos de la LUC prácticamente no hubo condenas a personas que hicieron uso de ese derecho y se defendieron de criminales y ladrones, pero el cambio fundamental que quieren imponer y que nos acostumbremos es que los ciudadanos hagamos uso de las armas para combatir el delito de manera creciente.

Hasta ahora, en 18 meses prácticamente no hubo ningún aumento de casos de legítima defensa, pero lo que se queda claro que es parte de la ideología de que incluso la seguridad es responsabilidad de la gente y no del Estado, es la declaración explicita de que el Estado se repliega y que la ley de la selva, el uso personal de las armas es parte de la estrategia de luchar contra el delito. Y naturalmente al grito de seguridad y libertad, cuando en el fondo lo que se expondría es el fracaso y el repliegue vergonzoso del Estado. Y quieren que nos acostumbremos, impulsados por el “pequeño enano fascista” que todos llevamos dentro cuando nos enfrentamos a los delincuentes.

Las diferencias sociales en estos casi dos años del nuevo gobierno multicolor se han profundizado radicalmente. No solo se redujeron los salarios, jubilaciones y pensiones y el nivel de consumo de los sectores pobres, clase media baja e incluso la mayoría de la clase media de la sociedad, sino que en el otro extremo hay gente que ha ganado muchísimo y no solo con la pandemia, sino exportadores, grandes propietarios  etc. Y los cambios impositivos recientes, en el IRPF son un paso más en esa dirección. ¿Nos acostumbraremos impunemente?

El ejemplo más brutal del acostumbramiento es la entrega por 60 años del puerto de Montevideo a una empresa belga, pésima por donde se la mire. Lo importante es desmantelar la estructura pública, incluyendo los muelles y el reglamento de atraque que son del Estado.

Las sociedades que se acostumbran de esa manera tienen asegurado un repliegue reaccionario, una pérdida de identidad y fracasos en todos los planos. ¿Hasta dónde llegaremos?