MONTEVIDEO (Uypress) – Amnistía Internacional presentó su informe anual de 2021, La situación de los derechos humanos en el mundo, donde hace varios llamados de atención al Estado uruguayo sobre diversos temas, entre ellos el pasado reciente, la economía, las cárceles, la libertad de expresión y la salud mental, según consigna La Diaria. 

En el capítulo del mencionado informe sobre Uruguay, la organización de derechos humanos manifiesta sus reparos con el proyecto de prisión domiciliaria que está a estudio del Parlamento, que beneficiaría a represores de la dictadura, y exige a las autoridades que “adopten de inmediato todas las medidas necesarias” para llevar a la Justicia a los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado, “sin importar la fecha en que fueron cometidos”.

AI destaca como positivo que “a pesar de la histórica deuda del Estado con la justicia, la verdad y la reparación de los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos del pasado reciente”, la Justicia uruguaya procesó a 17 militares, exmilitares y expolicías en el correr del año pasado. En tanto, como “contracara”, señala que “no se obtuvieron avances en nuevos hallazgos de evidencia, ni restos de personas desaparecidas”, y que el Parlamento comenzó a debatir el proyecto de Cabildo Abierto (CA) sobre prisión domiciliaria, que beneficiaría a “más de 20 presos juzgados por crímenes de derecho internacional perpetrados en el pasado reciente”.

Sobre el proyecto de CA, la organización internacional señala que “el Código de Proceso Penal ya prevé la posibilidad de prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, siendo un recurso ya utilizado por la Justicia para 50% de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad”. Por otro lado, resalta que de los posibles beneficiarios que se encuentran cumpliendo pena en Domingo Arena “80% se encuentra recluido desde hace menos de dos años”. Asimismo, resalta “importantes debilidades técnicas” en la iniciativa, como que “el argumento principal de la solicitud es por razones sanitarias, pero el pedido llega en un momento de relativo control de la pandemia” y que “las condiciones actuales de estas personas no reflejan los problemas estructurales y graves de hacinamiento en el sistema penitenciario de Uruguay”.

Cantidad de presas mujeres aumentó 26% en 12 meses

Otro de los ejes centrales del relevamiento es la situación del sistema penitenciario uruguayo, que presenta un crecimiento a un “ritmo acelerado” del número de personas privadas de libertad y se mantiene “primero en América del Sur y en el puesto 14 del mundo en cantidad de presos” por cada 100.000 habitantes. En este capítulo se subraya que “la población de mujeres privadas de libertad tuvo un aumento alarmante de 26% en los últimos 12 meses, en contraposición con la población masculina que creció en menor medida (9%)”.

AI atribuye este fenómeno al “incremento de penas asociadas al delito de estupefacientes, que impactó en mujeres y los niños, niñas y adolescentes a su cargo”. Al respecto, añade que la población femenina en prisión “se caracteriza por un bajo nivel de reincidencia, un nivel de conflictividad o presunta peligrosidad leve” y que “aun así, pese a esto”, tiene “penas largas”.

La organización destaca que el aumento sostenido de la población privada de libertad “es una carrera contra el tiempo hasta que [el sistema] definitivamente no resista más”, dado que “la densidad de población privada de libertad continúa con niveles críticos, aumentando un 15% en el último año; evidenciando casos graves de sobrepoblación”, y también hace hincapié en que se produjo el “mayor registro de muertes en cárceles desde 2017”, cuando comenzó a contabilizarse este dato. “Al finalizar el año, el número de muertes bajo custodia casi duplica al año anterior y 2021 se posiciona como el año con mayor cantidad de muertes en custodia”, con un crecimiento de 79%.

Según informó Búsqueda este jueves, el gobierno uruguayo comparecerá ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que se reunirá entre el 19 de abril y el 13 de mayo, y brindará explicaciones sobre la situación del sistema carcelario nacional. La delegación estará compuesta por la cancillería, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, entre otros organismos, informó el semanario.

Gestión de la pandemia

AI hace varias apreciaciones sobre la gestión de la emergencia sanitaria en nuestro país; por un lado, destaca que la vacunación “estuvo signada por un inicio tardío, pero con un ritmo constante, alcanzando a una amplia proporción de la población”, y por el otro, que “los primeros meses de 2021 fueron los más críticos en términos epidemiológicos”, permaneciendo “casi medio año en la zona roja según el Índice de Harvard y casi tres meses en el primer lugar en el subcontinente en materia de nuevos contagios diarios”. A esto le suma que en el primer semestre de 2021 fallecieron 22.324 personas en el país, superando la cantidad de fallecimientos anuales de los últimos cinco años en 32%. De este total, 22,4% corresponde a fallecimientos por la covid-19. “Al 31 de diciembre de 2021, Uruguay ocupaba el tercer puesto en América del Sur, con la mayor cantidad de contagios diarios por millón de habitantes”, apunta.

En relación con la emergencia sanitaria, AI hace un llamado de atención sobre los “problemas estructurales que enfrenta el país en torno a la salud mental”, que se vieron exacerbados por la pandemia. Indica que Uruguay “tiene una de las más altas tasas de suicidio del continente y, a pesar de que se mantuvo estable durante 2020, especialistas estiman un aumento de entre 18% y 23% para el primer semestre de 2021”. Remarca, además, que a pesar de la aprobación de la Ley de Salud Mental, en 2017, “se observan escasos avances en su implementación”.

Preocupación por el papel de Uruguay en organismos internacionales

“Se observa con preocupación el voto del gobierno de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos, en contra de la creación de una comisión independiente que investigue presuntas violaciones a los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados”, expresa AI en su informe anual. La organización plantea que esta votación negativa “supone un cambio respecto de sus posiciones en el Consejo, donde ha apoyado los procesos de rendición de cuentas ante posibles violaciones a los derechos humanos en conflictos armados”.

A este episodio “se sumó, en setiembre de 2021, la decisión del gobierno de no asistir a la celebración del 20º aniversario de la Cumbre de Durban contra la discriminación, el racismo y la xenofobia”, se agrega en el documento; una decisión que “contradice lo actuado por Uruguay históricamente, en defensa de los resultados de esta cumbre y en la promoción de la protección de los colectivos que han sido víctimas de actos discriminatorios, racistas y xenófobos”.

AI afirma que si bien Uruguay “tuvo actuaciones destacadas en determinadas discusiones y negociaciones, en otras, en las que se esperaba su tradicional apoyo”, decidió “manifestarse en contra de las posiciones que históricamente se habían establecido desde el Estado”.

Libertad de expresión

Un extenso capítulo del informe estuvo dedicado a la libertad de expresión. En él, AI manifiesta que el año estuvo signado por la “polarización de los discursos”, “intolerancia al pensamiento distinto” y predominancia del “debate ofensivo por sobre el argumentativo”. También se destaca que las redes sociales “han sido escenario de despliegues violentos en general y, hacia periodistas, en particular”, y se marca la preocupación porque “el lugar de la crítica respetuosa esté siendo acaparado por descalificativos y hostigamientos por parte de figuras que deberían resguardar el intercambio democrático”.

Uno de los episodios que la organización marca como preocupantes, entre los “cuestionamientos a la libertad de prensa”, es el pronunciamiento de la Cámara de Diputados en rechazo “a una nota periodística publicada por un medio internacional”, en referencia a la que hizo la Deutsche Welle “en la que se sugerían algunas dificultades en el cumplimiento del derecho de libertad de expresión en el país”, con base en un informe del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública.

También resaltan el caso que involucró a Google y Sudestada cuando el motor de búsqueda desindexó dos artículos de un medio uruguayo por denuncias anónimas, y un descenso en los niveles de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Citan el informe 2020-2021 sobre el Índice de Transparencia Activa en Línea, que “constató que 57% de los organismos públicos no cumplió” con la norma. De hecho, se afirma que “a los efectos de este informe, AI Uruguay realizó varios pedidos de acceso a la información pública que fueron respondidos fuera del plazo previsto por la ley o con información incompleta”.