MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay es el mayor consumidor de cocaína, en términos per cápita, de América Latina y uno de los mayores del mundo, de acuerdo a un informe presentado por el PNUD este jueves.
La información surge de datos correspondientes a 2020 de la OCDE y el Banco Mundial, y aparece en el informe Ideas para agendas emergentes / Análisis exploratorio del narcotráfico en Uruguay, presentado este jueves 15 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Se trata de un trabajo por Juan Bogliaccini, Carlos Díaz, Rosario Queirolo y Emiliano Tealde, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay(UCU).
"La política pública, el rol del Estado, garante de la seguridad ciudadana, en perspectiva humana e integral, son territorios en continua disputa entre el mundo de lo legal y lo ilegal. Las brechas sociales, las rupturas en el tejido social, son las fisuras por las que hoy se cuela el delito en su expresión más o menos organizada", afirma en el prólogo Stefan Liller, representante residente del PNUD en Uruguay.
"Uruguay es reconocido internacionalmente por sus dispositivos de protección social, humanista y universal, con enfoque de género y generaciones, con un hondo sentido de promoción de una vida digna en pleno goce de los derechos humanos", continúa Liller, que agrega que "sin embargo, la fenomenología criminal, en su cara más organizada, visibiliza ineficiencias y zonas ciegas donde hace falta repensar las respuestas de política pública y redoblar el esfuerzo por integrar socialmente, de forma segura y sostenible a todas y todos quienes habitan este país".
"El aumento de la violencia relacionada con las drogas en Uruguay, como en el Cono Sur de América Latina en general, está asociado con al menos tres factores: el cambio en la geografía de las economías políticas ilícitas transnacionales -o el comúnmente denominado lado clandestino de la globalización-, la variedad en la capacidad -y en algunos casos complicidad- de las instituciones estatales a cargo del orden público, y la competencia entre Estado y grupos criminales para controlar el territorio", comienza señalando el informe, de 80 páginas, de los investigadores de la UCU.
El informe destaca que la mayor parte de la cocaína que se consume en Europa procede de la región andina, donde se encuentran los tres mayores productores de hoja de coca del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. América Latina suministra también cocaína a Estados Unidos.
"Europa y América Latina son simultáneamente zonas de producción, consumo y tránsito de sustancias ilícitas, destacan los autores del informe, que además señalan que Bolivia y Paraguay son los principales países de distribución interna del continente, rutas a través de las cuales se accede a las principales vías de transporte con acceso a otros continentes.
Uruguay es el mayor consumidor de cocaína, en términos per cápita, de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo, de acuerdo a datos de OCDE y Banco Mundial de 2020, se señala en el documento, y profundiza explicando cambios en las pautas correspondientes a nuestro país: "Aunque tradicionalmente ha sido país de destino final en las rutas de tráfico, en las últimas décadas el puerto de Montevideo ha visto incrementada su participación como ruta de salida. Esto pone al puerto de Montevideo en niveles de relevancia similares a los de las rutas tradicionalmente establecidas a través de Brasil y Venezuela con destino al mercado europeo".
El informe del PNUD destaca que el narcotráfico es una actividad muy lucrativa y, como tal, genera superávit, mucha demanda de consumo y de trabajo, y vínculos fuertes con el poder. En otras palabras, ofrece una alternativa que, en muchos casos, compite con el tradicional mercado de trabajo. Sin embargo, su carácter ilegal lo deja por fuera de los marcos de regulación que operan para los otros mercados legales y, por tanto, debe generar sus propios mecanismos de regulación que, en muchos casos, incluyen violencia como motor de la coerción. El propio hecho de que este mercado se haya desarrollado en Uruguay en un contexto de fuerte crecimiento económico en las últimas décadas subraya su capacidad para competir con el mercado formal de trabajo.
De acuerdo a lo planteado en el material difundido este jueves, el financiamiento del narcotráfico penetra el Estado para garantizar la movilidad del producto y la continuidad del mercado. Esta penetración ocurre a partir de incentivos para facilitar el tráfico, que ocurren en general en forma de estímulo económico, coerción por amenaza de uso de fuerza, o el uso mismo de la fuerza con el fin de desestimular controles futuros. Precisamente por su condición de ilegalidad y su alta lucratividad es que presenta una gran capacidad de penetración de las estructuras estatales.
Otro de los temas destacados es que el mercado de drogas ejerce una fuerte competencia en términos de empleabilidad sobre el mercado legal de trabajo, en particular en contextos de baja educación, desempleo y pobreza. "Cuando los mecanismos de socialización habituales, como el empleo y la educación, no permiten alcanzar estándares mínimos de bienestar, cobran relevancia las trayectorias de socialización alternativas, como el delito. El crimen organizado, y en particular el narcotráfico, tiene capacidad de seducir con trayectorias de socialización atractivas en el corto plazo", sintetiza el informe.
Para los autores, reducción del narcotráfico y de la violencia asociada a este deben ser dos metas diferentes y que deben considerarse de forma independiente, ya que, según afirman, "la violencia no es inherente a las transacciones de la producción y tráfico de drogas, aunque sí su externalidad más negativa, variable y volátil". Agregan que "el nivel de violencia del mercado puede depender incluso de las políticas públicas que se establezcan para ocuparse del problema del mercado ilegal de drogas".
Se necesitan consumidores
El narcotráfico necesita, en primer lugar, consumidores. "En lo que a demanda se refiere, el mercado de drogas es bastante tradicional", se afirma, pero se agrega que "en realidad, lo primero que necesita el narcotráfico para subsistir es la prohibición de algunas drogas".
Pero volviendo al tema de los consumidores, el documento señala que a mayor poder adquisitivo, mayor consumo.
"Estados Unidos es el país de mayor ingreso per cápita en el mundo, y también el de mayor consumo per cápita de cocaína: el 2,7 % de su población consumió esta droga en el año 2017", de acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, correspondientes a 2019.
En América Latina, la asociación entre ingreso per cápita y consumo se mantiene. Uruguay, Argentina y Chile son, en ese orden, los países con mayor consumo per cápita de cocaína de la región, a la vez que los de mayor ingreso per cápita (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019).
En cuanto a la penetración del dinero del narcotráfico en diversos ámbitos, y en especial en el político, el informe especifica: "Los actores políticos compiten por ser elegidos como representantes y ocupar cargos públicos. En este sentido, podemos ver a los políticos como competidores por hacerse de la representación popular. Sin embargo, el mercado electoral es lo que se denomina un mercado poco competitivo, lo que se origina en los altos costos de entrada que tiene. La actividad política es costosa de financiar, por lo que la opción de formar parte de ella no está al alcance de todos, lo que restringe la competencia real dentro del mercado. Cuando esto sucede, surge la posibilidad de prácticas corruptas por las que los dineros del tráfico de drogas financian la actividad política".
Un capítulo especial del informe, está dedicado a las vulnerabilidades sociales a partir del narcotráfico, con especial destaque en la pobreza y el género. "Las mujeres en prisión por delitos relacionados con drogas comparten un perfil sociodemográfico: jóvenes, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con nivel educativo bajo y responsables del cuidado de personas dependientes", señala el informe del PNUD.
El caso de Uruguay y las mujeres
"En Uruguay las tendencias regulatorias han seguido la trayectoria mundial", de acuerdo a los señalado por los autortes Queirolo y Repetto en 2020.
"Desde la ley de seguridad ciudadana de 1995", destaca el informe, "pasando por la ley de procedimiento policial de 2008, el aumento de penas para los delitos de estupefacientes vinculados con la pasta base y la cocaína fumables durante el gobierno de José Mujica, hasta llegar a la ley de urgente consideración (LUC) en 2020, se verifica la tendencia de recrudecimiento de las penas. En particular, la LUC establece penas de entre 4 y 15 años de prisión para algunos delitos de estupefacientes, por ejemplo, cuando el suministro ocurre dentro o en las inmediaciones de un establecimiento penitenciario, e incluye como agravante que la comercialización de drogas se realice en el hogar. El resultado de esta tendencia es un aumento de las personas en establecimientos penitenciarios".
Se señala que, si bien las mujeres tienen una participación en el delito bastante menor a los hombres, últimamente la población carcelaria femenina ha aumentado más aceleradamente que la masculina. "En mayo de 2006 había 6.185 hombres y 370 mujeres privados de libertad, mientras que en 2020 aumentaron a 12.234 hombres y 805 mujeres privadas de libertad, de acuerdo a datos aportados por el Comisionado Parlamentario Penitenciario.
