MONTEVIDEO (Uypress)- El abogado constitucionalista Martín Risso, entrevistado en el programa Primera Mañana (Radio El Espectador) se refirió a la iniciativa de plebiscito para reformar la Constitución, y puntualizó que la idea de eliminar las AFAP, tal y como propone la central sindical, es algo “muy pero muy complicado que todavía no se ha visualizado”.

 

 

Risso explicó que lo que propone el plebiscito conlleva una serie de riesgos que han sido dimensionados. "Cada una de las personas que tenemos una cuenta en una AFAP vamos a perder esos recursos", sostuvo el abogado, y reconoció que "hay un montón de restricciones" en cuanto a ese ahorro, pero, "a fin de cuentas, es dinero propio de cada uno".

"Mucha gente piensa que la plata es de las AFAP, pero la plata es de los trabajadores. Si esto se concreta, el Estado se va a exponer, no a las AFAP, [sino] a que los trabajadores demanden al Estado pidiendo que le devuelven ese dinero", advirtió Risso y puntualizó que en estas demandas podría haber en juego hasta US$ 22.000 millones.

"Imaginemos que la mitad de los trabajadores inicia un juicio. Estamos hablando de US$ 11.000 millones, y el Estado uruguayo, si pierde un juicio de esas características, va a quebrar", insistió el abogado, que adelantó que no tiene "ninguna duda" de que los demandantes ganarían: "Yo creo que lo grave de esto es que no se advierte el riesgo. Tomar una decisión que puede exponer a Uruguay a juicios hasta por US$ 22.000 millones, es demasiado grave", insistió, y consideró que "no se ha reflexionado suficientemente" al respecto.

Risso agregó que si "política o ideológicamente" se quiere terminar con las AFAP, se puede hacer a través de una ley que permita un proceso gradual: "Esto que extingue las AFAP con proceso retroactivo me parece que es un riesgo tan grande que ni el Estado, ni ningún Estado, puede asumir".

Sobre la edad de jubilación, que el Pit-Cnt propone topear en 60 años, Risso consideró que no es "tan grave" como la iniciativa acerca de las AFAP. De igual modo, adelantó que sería condenar al país "a un déficit" en la mayoría de las cajas jubilatorias.