BUENOS AIRES (Uypress) – La Cámara de la Construcción de la vecina orilla alertó que por el corte de obra se pueden perder 200.000 de los 500.000 puestos de trabajo del sector.
"Venimos a alertar al gobierno sobre el inminente colapso del sector", dijo este jueves un dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción, al tiempo que un comunicado de prensa responsabilizaba a la política de paralización de la obra pública por "llevar a muchas empresas del sector a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica".
Así lo afirman desde una de las entidades integrantes del denominado Grupo de los Seis, el núcleo empresario más concentrado del país, según reseña Raúl Dellatorre en una nota de Página/12.
En Argentina existen cerca de 30.000 empresas constructoras. Unas 1.400 pertenecen a Camarco, pero esta entidad es gobernada, desde hace por lo menos tres décadas, por un puñado de no más de seis o siete grupos económicos o familias tradicionales del sector. Rocca (Techint), Macri (SOCMA), Pérez Companc (ex SADE), Roggio, Chediak, Weiss, son los apellidos tradicionales que han compartido el gobierno y repartido los cargos en la cámara. Otros participan, pero en niveles secundarios, y siempre dependiendo de ese núcleo de poder histórico, señala la nota.
Como ocurre habitualmente con los empresarios que han visto crecer a sus emporios de la mano de negocios con el Estado, estos grupos han sabido "llevarse bien" con todos los gobiernos, sin importar su color político ni legitimidad (vale recordar, siempre, que varios de ellos tuvieron su momento de gloria, por la proyección alcanzada, durante la dictadura de 1976 a 1983).
Dee la mano de los resultados obtenidos en los negocios, han diversificado estos y extienden sus brazos a otras áreas, siendo que alguna controla el mercado del acero y ha ubicado en el puesto de mando de YPF a uno de sus hombres, y otras juegan un papel relevante en negocios como la producción de alimentos, la energía renovable o tradicional, servicios tecnológicos, el transporte público y hasta la recolección de la basura. Pero, además de esos negocios repartidos, hay otro en el que coinciden todos: la propiedad de grandes extensiones de tierra y su explotación para la producción y exportación de soja y otros cultivos, además de la cría y engorde de animales.
¿Por qué importa en este momento recordar estas particularidades? Porque cuando se habla de una crisis terminal del sector de la construcción, el sacrificio de planteles de personal capacitado, de "efectos irreversibles" para muchas firmas producto de la actual situación, hay que considerar que estos grupos empresarios no se hundirán con sus empresas, como sí le puede suceder a muchos de los otros 30.000 que pierdan el contrato de asfaltar una calle, construir una escuela o ampliar un centro de salud en algún pueblo o ciudad del interior "porque no hay plata", explica el articulista de Página/12.
Para los grandes grupos, la señal del gobierno es que "cambien de rubro", dejen de lado sus inversiones en la obra pública porque dejará de ser rentable y encaren algún otro negocio del menú que este mismo gobierno les ofrece. De hecho, todas ya tienen un pie (o dos) en negocios que verán los frutos de la "revolución libertaria", a través de las agroexportaciones, la explotación de recursos petroleros o mineros, la venta monopólica con precios descontrolados ( es decir, sin los controles o regulaciones antes vigentes) o simplemente haciendo diferencias cambiarias en virtud de la valorización del dólar (otro rasgo común a esos grupos constructores dominantes es la fuga y formación de activos millonarios en divisas en el exterior).
Difícilmente los grandes empresarios corran grandes riesgos, pero sí tienen una alta probabilidad de perder sus empleos 200.000 trabajadores del sector.
"En todo el país existe el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal. La quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones", dice el comunicado empresario.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, se anticipó esta semana al comunicado de la cámara de la construcción anticipando la preocupación en ese sector y el malestar en muchas provincias por las consecuencias que acarreará la política del gobierno nacional de retener los recursos para obras.
"La situación es muy grave. Por orden del presidente (Javier MIlei), se suspendieron las viviendas, caminos en construcción y las obras que estaban con financiamiento ya firmado con organismos multimediales de créditos, o sea internacionales", denunció. "Hay más de 3.200 obras en ejecución en el país que ahora se encuentran totalmente paralizadas".
Insfrán indicó que "el plan del gobierno nacional referido a que la obra pública debe hacerla el sector privado ya ha fracasado, el sector de la construcción no va a venir a invertir en un lugar donde no va a tener rentabilidad". Recordó que "esto ya está demostrado, porque ha fracasado en distintos países e incluso en la Argentina, durante el mandato de Mauricio Macri".
Hasta los directivos de la cámara de la construcción señalaron que "hasta en el mundo desarrollado, con tarifas altas, seguridad jurídica y mercado de capitales, la inversión privada constituye solo el 15% del total que se invierte en obras de infraestructura; el 85% lo pone el gobierno". "Hay obras que no tienen ningún interés para el sector privado: escuelas públicas, cárceles, hospitales públicos, incluso rutas con poco tránsito", indicó el directivo.
Tampoco hay mucha esperanza en que la obra privada pueda amortiguar esta situación. Una de las características particulares de esta crisis es que se da, además, en medio de una escalada de precios de los insumos sin precedentes. El índice del costo de la construcción para diciembre del Indec, ya arrojó un salto mensual del 30,1%, mientras que según empresarios del sector, en enero se habría verificado un incremento similar o mayor.
